El Salvador comenzará a aplicar a partir del 26 de abril de 2026 una reforma penal que modifica de manera profunda el tratamiento de menores de edad dentro del sistema de justicia. Con esta medida, impulsada por el gobierno de Nayib Bukele y avalada por la Asamblea Legislativa, se abre la posibilidad de imponer cadena perpetua a adolescentes desde los 12 años.
La disposición contempla que jóvenes de entre 12 y 18 años puedan recibir la pena máxima si son hallados responsables de delitos considerados de alta gravedad, como homicidio, violación, feminicidio o actos vinculados al terrorismo. En el marco legal salvadoreño, esta última figura incluye también la participación en estructuras pandilleriles.
Para su implementación, la reforma implicó cambios en distintos cuerpos legales, incluyendo la Constitución, el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la normativa contra el terrorismo. Con estas modificaciones, la prisión perpetua queda incorporada formalmente como una sanción aplicable a menores de edad.
Además, el nuevo esquema reduce el enfoque diferenciado para adolescentes en casos graves, lo que permite su procesamiento bajo criterios más cercanos al sistema de adultos. La decisión ha generado discusión sobre el rumbo de la política penal juvenil en El Salvador y sus posibles efectos en materia de reinserción social y derechos humanos.